La rutina que decide

Motivación y responsabilidad ante los automatismos de la ejecución penitenciaria

Autor: Pedro Javier Escalante Barrigón (*)

Palabras clave

Criminología; ejecución penitenciaria; motivación; régimen y tratamiento; reinserción social; voluntariado penitenciario; automatización; parresía.

De los algoritmos a los automatismos humanos

Durante los últimos meses, desde este espacio he tratado cuestiones como la inteligencia artificial, las herramientas utilizadas para valorar riesgos, la dificultad para conocer cómo funcionan algunos instrumentos que influyen en las decisiones o la brecha digital que acompaña el paso de la prisión a la libertad.

Son cuestiones distintas, pero todas llevan a una misma pregunta: hasta qué punto una herramienta creada para ayudar a un profesional puede acabar condicionando su criterio, debilitando las razones de una decisión o desplazando la responsabilidad de quien debe tomarla.

El «siempre se ha hecho así» no constituye una justificación suficiente si sustituye al examen de las razones que fundamentan una actuación. Incluso una práctica inicialmente razonable puede necesitar adaptaciones ante cambios normativos, nuevas necesidades o la aparición de conocimientos que permitan mejorarla.

En una institución donde las decisiones afectan directamente a la vida de las personas, revisar aquello que hemos convertido en costumbre constituye una exigencia de responsabilidad que alcanza tanto a quienes ejercen la autoridad como a quienes participamos, desde nuestras respectivas funciones, en la intervención penitenciaria.

La motivación como garantía y como explicación de la autoridad

La motivación permite apreciar la diferencia entre tramitar una decisión y razonar su fundamento.

Una resolución puede incorporar antecedentes, informes y referencias normativas formalmente correctas y, sin embargo, no explicar suficientemente cómo se han valorado los hechos ni por qué conducen a la conclusión adoptada. La dificultad adquiere especial relevancia cuando esa decisión se refiere a un permiso de salida, a la clasificación penitenciaria inicial o a sus revisiones posteriores, ya supongan el mantenimiento, la progresión o la regresión de grado, a una sanción disciplinaria o a otras condiciones del cumplimiento penitenciario.

Régimen y tratamiento: la relación entre medios y fines

En prisión, esta cuestión adquiere especial relevancia cuando examinamos la relación entre régimen y tratamiento. Las necesidades de seguridad, orden y disciplina son reales y deben atenderse. La cuestión es qué sucede cuando las rutinas establecidas para garantizar el funcionamiento del centro terminan condicionando, retrasando o dificultando actividades que forman parte de la intervención penitenciaria.

Las normas y medidas de régimen también cumplen una función de protección de las personas privadas de libertad, de los profesionales y de quienes entramos desde fuera para desarrollar actividades autorizadas.

La experiencia de quienes han asumido responsabilidades de dirección penitenciaria aporta una perspectiva que conviene incorporar a este análisis. Permite reconocer las dificultades concretas de organización, coordinación y aplicación del tratamiento, sin perder de vista los fines que justifican la intervención ni las consecuencias que determinadas decisiones pueden tener para las personas internas.

Adaptarse al funcionamiento de una institución intensamente reglada puede facilitar la convivencia cotidiana, pero no demuestra por sí solo que la persona disponga de los recursos necesarios para desenvolverse responsablemente en libertad.

La valoración del tratamiento exige considerar también las necesidades individuales, las oportunidades de cambio y las condiciones de vida que encontrará al regresar a la comunidad.

Reinserción y desistimiento: de la actividad al proceso

La intervención penitenciaria no puede valorarse únicamente por el número de actividades realizadas ni por el cumplimiento formal de los programas previstos. También debemos preguntarnos qué necesidades atienden, qué posibilidades de cambio ofrecen y hasta qué punto contribuyen a que la persona pueda afrontar su vida en libertad con mayores recursos y oportunidades.

El modelo de riesgo, necesidad y responsividad parte de una idea bastante comprensible: no todas las personas necesitan la misma intensidad de intervención, hay que trabajar sobre las necesidades realmente relacionadas con la conducta delictiva y la forma de hacerlo debe adaptarse a las características de cada persona (Bonta & Andrews, 2017). Aplicarlo como una receta, sin mirar el caso concreto, reproduciría precisamente uno de los problemas que estamos examinando.

Esta consideración no elimina la responsabilidad personal, incluida la derivada del daño causado, ni permite desconocer los derechos y necesidades de las víctimas. Ayuda a comprender que la asunción de responsabilidades y la construcción de una vida alejada del delito necesitan también apoyos, límites y oportunidades que permitan consolidar los cambios.

En esa continuidad adquiere especial importancia la colaboración entre la Administración penitenciaria, los profesionales de distintas disciplinas y las entidades sociales que participan en los procesos de intervención y acompañamiento.

Las entidades colaboradoras como parte del modelo penitenciario

La intervención penitenciaria no se agota en las actuaciones que desarrolla la propia Administración. Las entidades sociales y el voluntariado participan también en ese proceso, aportando conocimientos, recursos y formas de acompañamiento que permiten mantener y fortalecer los vínculos entre las personas privadas de libertad y la comunidad.

El artículo 69.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria contempla la colaboración de ciudadanos y de instituciones o asociaciones públicas o privadas en la recuperación social de las personas internas en regímenes ordinario y abierto. El artículo 62 del Reglamento Penitenciario concreta las condiciones de esa participación, estableciendo la presentación y aprobación de programas que incluyan objetivos, duración, destinatarios, voluntariado, medios e indicadores y parámetros de evaluación de impacto y resultados. Una vez concluida la intervención, corresponde a la entidad elaborar el estudio de evaluación previsto en el propio precepto.

El artículo 113 del Reglamento contempla, además, las actividades de tratamiento dentro y fuera de los establecimientos y la utilización de recursos comunitarios.

La colaboración social constituye, por tanto, un componente reconocido del modelo penitenciario. Su regulación responde a la necesidad de conectar la intervención desarrollada durante el cumplimiento con la sociedad a la que la persona habrá de regresar. Esa participación exige respetar las condiciones de acceso y seguridad, coordinarse con la institución y saber con claridad qué corresponde hacer a cada uno.

La Pastoral Penitenciaria participa de esa dimensión social. Gallego Díaz (2024) ha estudiado su papel como agente de reinserción, mostrando cómo la ayuda humana y espiritual y determinadas actuaciones pastorales pueden contribuir a los procesos de intervención y a la humanización de la vida penitenciaria.

Reconocer esa aportación no equivale a atribuir al voluntariado funciones jurídicas, psicológicas, criminológicas, sanitarias o asistenciales para las que no esté cualificado. Su responsabilidad incluye conocer el alcance de su intervención, mantener la confidencialidad, coordinarse con los profesionales y reconocer cuándo una necesidad exige orientación especializada o derivación.

La evaluación prevista en el artículo 62 debería permitir comprobar si las actividades alcanzan a sus destinatarios, responden a las necesidades que motivaron su aprobación o requieren adaptaciones. No todos los efectos del acompañamiento humano o espiritual pueden medirse mediante indicadores cuantitativos, y una actividad aislada difícilmente permite atribuir por sí sola cambios en la reincidencia. Pero esa dificultad no impide documentar procesos, recoger valoraciones, reconocer limitaciones y revisar objetivos.

La Administración conserva sus competencias y obligaciones públicas. Las entidades colaboradoras, por su parte, deben asumir con rigor la preparación, coordinación y revisión de los programas que desarrollan.

Esa responsabilidad compartida permite que la colaboración contribuya al tratamiento sin sustituir las funciones de quienes tienen encomendada su dirección y evaluación institucional.

Cuando nuestra propia experiencia necesita revisión

No sería coherente exigir a la Administración que revisara sus prácticas y, al mismo tiempo, dar por supuesto que nuestra intervención como voluntarios está libre de inercias, errores o formas de acomodación.

El papa Francisco abordó una preocupación próxima al referirse en Evangelii gaudium a la acedia pastoral y a las actividades que, por falta de motivaciones adecuadas o de una espiritualidad capaz de sostenerlas, desgastan a quienes las desarrollan. Su advertencia sobre el «gris pragmatismo» de una vida eclesial que exteriormente continúa funcionando mientras interiormente se debilita la misión resulta pertinente para examinar nuestras propias prácticas (Francisco, 2013, nn. 81-83).

Revisar un programa no supone descalificar a quienes lo iniciaron ni desconocer el esfuerzo que ha permitido mantenerlo. Significa admitir que las necesidades pueden cambiar, que nosotros también debemos seguir aprendiendo y que aquello que fue útil en un momento determinado puede necesitar adaptaciones.

La formación continua, la evaluación compartida y la escucha de las personas a quienes acompañamos nos ayudan a reconocer qué debemos conservar y qué conviene modificar. También ayudan a transmitir y contrastar los conocimientos adquiridos por quienes llevan años trabajando y a enriquecer nuevas formas de intervención.

Colaborar, dialogar y conservar capacidad crítica

La colaboración con Instituciones Penitenciarias exige conocer y respetar sus responsabilidades, escuchar las razones que sustentan sus decisiones y mantener una relación de confianza con quienes trabajan en los establecimientos. Esa confianza, sin embargo, no debería impedirnos plantear observaciones fundadas cuando advertimos circunstancias que merecen ser revisadas.

Quienes intervenimos desde fuera desconocemos parte de la información, los riesgos y las obligaciones que los profesionales deben considerar diariamente. Una observación puede resultar razonable y, aun así, estar construida sobre datos incompletos. La prudencia exige preguntar, contrastar y escuchar antes de convertir una impresión en una conclusión.

La reciente nota Un camino de esperanza, publicada por los dicasterios para la Doctrina de la Fe, para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y para el Diálogo Interreligioso (2026), aporta una idea complementaria: el diálogo exige claridad sobre la propia identidad, respeto al otro, escucha sincera y una disposición compartida a buscar la verdad. Aunque su ámbito no es el penitenciario, ayuda a comprender que escuchar con respeto y mantener criterios propios no son actitudes incompatibles.

Mantener una mirada crítica exige conocer suficientemente los hechos, respetar la responsabilidad de cada uno, explicar bien nuestras razones y estar dispuestos también a reconocer que nuestra primera impresión podía ser equivocada.

La tecnología como amplificadora de un problema anterior

La inteligencia artificial añade nuevas posibilidades, pero también nuevos riesgos, a un problema que ya existía antes de su incorporación a los procedimientos administrativos: la tendencia a aceptar determinadas conclusiones sin examinar suficientemente cómo se ha llegado a ellas.

Fanega et al. (2025) hicieron pública y analizaron la Tabla de Variables de Riesgo (TVR), una herramienta utilizada desde hace unos treinta años principalmente en relación con la valoración de permisos penitenciarios. Su investigación permitió conocer el peso asignado a las distintas variables y examinar los resultados del instrumento, mostrando la importancia de evaluar herramientas que pueden influir de forma relevante en una decisión.

La supervisión puede perder buena parte de su contenido cuando se limita a validar una conclusión cuyo fundamento no se comprende o cuya revisión resulta impracticable por razones técnicas u organizativas. No es lo mismo que reproducir una rutina humana, pero en ambos casos existe el riesgo de que la responsabilidad se desplace de hecho y de que el resultado deje de examinarse porque se presume correcto por su procedencia.

La tecnología puede contribuir a mejorar las decisiones penitenciarias. Para ello, su utilización debe preservar, y no reducir, la exigencia de conocer, razonar, motivar y responder por las consecuencias de cada valoración.

Desde la trinchera, también hacia dentro

Mi mirada parte sobre todo de la Criminología, pero no se agota en ella. Soy creyente y buena parte de lo que hago en prisión nace también de mi compromiso con la Pastoral Penitenciaria y con entidades eclesiales. Ambas dimensiones forman parte de mi manera de acercarme a esta realidad, procurando no confundir sus planos: una convicción religiosa no puede convertirse en norma jurídica ni presentarse como evidencia científica.

La Criminología, por su carácter multidisciplinar e interdisciplinar, puede integrar conocimientos procedentes del Derecho, la Psicología, la Sociología y de otros ámbitos científicos, asistenciales y sanitarios para construir una visión de conjunto. Esa capacidad adquiere especial valor en la ejecución penal y en las intervenciones vinculadas a ella: en el medio penitenciario, tanto cerrado como abierto, en las penas y medidas alternativas, en la justicia restaurativa y en la continuidad de los procesos de reinserción en la comunidad.

El profesional de la Criminología puede desempeñar aquí una función de coordinación útil, ayudando a relacionar necesidades, información, recursos y aportaciones de distintas disciplinas sin sustituirlas ni asumir competencias que corresponden a otros profesionales. Cada una conserva sus métodos, conocimientos y límites; la aportación criminológica consiste precisamente en poder relacionarlos dentro de una lectura integral del problema y de la intervención.

Mi humanismo cristiano añade algo que para mí resulta esencial en esa manera de comprender e intervenir: ninguna de las categorías con las que examinamos la conducta humana puede agotar la identidad de la persona.

Francisco, al responder a una voluntaria que prestaba servicio en prisión, situó la cárcel entre las periferias de mayor sufrimiento y advirtió que no se puede entrar en ella desde una posición de superioridad. La cercanía con quien sufre debería modificar también la conciencia de quien entra y su manera de comprender las responsabilidades sociales que esa realidad pone de manifiesto (Francisco, 2015).

El papa León XIV ha profundizado recientemente en esa misma comprensión de la persona. Durante su visita al Centro Penitenciario Brians 1 recordó que toda persona conserva su dignidad y que esta no queda anulada por el bien o el mal que haya realizado (León XIV, 2026a). En su catequesis del 9 de septiembre desarrolló esa dignidad como don y responsabilidad (León XIV, 2026b).

Esta comprensión no disminuye la responsabilidad penal ni desconoce el daño causado a las víctimas. Permite sostener que una persona debe responder por sus actos sin quedar identificada definitivamente con ellos y que la intervención orientada a la reinserción no puede prescindir de su dignidad, libertad y capacidad de asumir responsabilidades.

En ese encuentro entre conocimiento científico, garantías jurídicas y antropología cristiana sitúo también el Eje 25. El artículo 25.2 de la Constitución Española y Mateo 25 pertenecen a planos distintos: el primero orienta constitucionalmente la ejecución de las penas privativas de libertad; el segundo interpela al creyente ante la persona que está en prisión. Su relación no consiste en convertir el Evangelio en norma jurídica, sino en reconocer responsabilidades que alcanzan nuestra manera concreta de intervenir.

La visita no debería agotarse en atravesar periódicamente una puerta. Importan también las condiciones en que la persona cumple condena, sus posibilidades de asumir responsabilidad por el daño causado, las oportunidades de cambio, los vínculos que conserva y la comunidad a la que habrá de regresar.

No escribo estas páginas desde fuera de esa dificultad. Formo parte del voluntariado, participo en proyectos de intervención y colaboro en el marco de entidades eclesiales. También nosotros podemos acomodarnos a una actividad hasta dejar de preguntarnos si sigue respondiendo a su finalidad, mantener una práctica por su vinculación con nuestra propia historia o interpretar la necesidad de modificarla como un cuestionamiento de quienes la impulsaron.

Por eso considero necesario que la capacidad de revisión que reclamamos a la Administración alcance también a las entidades y programas de los que formamos parte. La experiencia puede ayudarnos a reconocer las necesidades de las personas que acompañamos, pero solo conserva su valor si nosotros seguimos abiertos a lo que esas mismas personas, los profesionales y el conocimiento disponible nos permiten aprender.

No basta con que una intervención persiga un buen fin. También debemos mirar cómo la estamos llevando a cabo y qué consecuencias produce.

Una misión que exige seguir aprendiendo

Una Pastoral Penitenciaria comprometida con su misión necesita escucha, espiritualidad y permanencia, pero también formación continua, coordinación, relevo y evaluación. Lo aprendido en la práctica debe poder transmitirse y contrastarse con nuevas necesidades, conocimientos y formas de intervención. Mantener una actividad puede ser adecuado mientras siga respondiendo a sus objetivos; modificarla puede resultar necesario cuando cambian las circunstancias o se identifican respuestas más pertinentes. La evaluación tampoco debería utilizarse únicamente para justificar la continuidad de un programa, sino para aprender de sus resultados, reconocer sus límites y decidir fundadamente qué conviene conservar, adaptar o dejar de hacer.

La exigencia de método no pretende sustituir la dimensión humana y espiritual del acompañamiento. Busca ofrecer condiciones para que pueda desarrollarse con mayor responsabilidad.

Nuestro particular Ora et Labora adquiere así un contenido muy concreto. El Ora comienza en la oración, pero no termina en ella: exige también escuchar, conocer la realidad, estudiar, contrastar y discernir antes de intervenir. El Labora supone traducir lo comprendido en una actuación responsable, rigurosa y, cuando la naturaleza de la intervención lo exige, respaldada por el conocimiento científico y la competencia profesional. Después habrá que volver a escuchar, evaluar lo realizado y corregir aquello que sea necesario. Oración, conocimiento y trabajo no forman así momentos separados, sino un mismo ejercicio de responsabilidad hacia las personas a quienes acompañamos.

La parresía, esa libertad para hablar con verdad y responsabilidad que considero necesaria en esta trinchera, requiere conocer antes de juzgar, contrastar antes de afirmar y fundamentar aquello que decimos, y mantener la capacidad de formular una observación cuando el Derecho, el conocimiento disponible y la propia conciencia ofrecen razones suficientes para hacerlo. Esa exigencia alcanza a la institución penitenciaria, a las entidades colaboradoras, a nuestras estructuras eclesiales y también a quien firma este artículo.

Después de años de intervención, quizá resulte necesario preguntarnos no solo cuánto tiempo llevamos entrando en prisión, sino qué hemos aprendido de las personas que encontramos, qué hemos modificado a partir de esa experiencia y qué posibilidades reales hemos contribuido a construir junto a ellas.

Responder exige reconocer lo que funciona y conservar la disposición a corregir lo necesario, para que ese aprendizaje siga alimentando una misión centrada en las personas y no termine reducido a la repetición de nuestras propias costumbres.

Referencias