Cuando El Futuro Entra En Prisión

Inteligencia artificial, brecha digital y nuevos retos para la investigación penitenciaria

Autor: Pedro Javier Escalante Barrigón

La investigación española e internacional permite identificar la exclusión digital asociada al encarcelamiento como una cuestión relevante para la educación, la autonomía y los procesos de reintegración. La evidencia disponible presenta importantes diferencias metodológicas y contextuales y, en España, aunque existen antecedentes empíricos y aproximaciones cualitativas de indudable interés, todavía resultan insuficientes para determinar cómo se distribuyen actualmente las competencias, necesidades y oportunidades digitales en el conjunto de la población penitenciaria.

A esa primera dimensión se añade otra que discurre en sentido diferente. Mientras las personas privadas de libertad pueden experimentar formas específicas de alejamiento tecnológico, las instituciones disponen de capacidades crecientes para digitalizar procedimientos, automatizar tareas y utilizar sistemas capaces de asistir determinadas funciones profesionales. El ordenamiento penitenciario español y los instrumentos europeos más recientes proporcionan un marco particularmente relevante desde el que examinar las oportunidades, límites y garantías de esta transformación.

Sobre ambas trayectorias se propone utilizar provisionalmente la expresión asimetría digital penitenciaria para designar una posible divergencia entre las capacidades tecnológicas que desarrolla la institución y las oportunidades que poseen las personas privadas de libertad para adquirir y utilizar aquellas competencias que favorecen su autonomía. La expresión no pretende anticipar un diagnóstico, sino formular una hipótesis susceptible de delimitación conceptual, operacionalización y contraste empírico.

La experiencia penitenciaria permite reconocer preguntas que quizá resultarían menos visibles desde otros espacios. Convertirlas en conocimiento exige método, evaluación y una cooperación prudente entre universidad, profesiones, Administración penitenciaria y organizaciones con presencia efectiva en el medio.

Palabras clave

inteligencia artificial; sistema penitenciario; brecha digital; desigualdad digital; reinserción social; alfabetización digital; transformación digital; derechos fundamentales; asimetría digital penitenciaria; ultraperiferia penitenciaria.

La velocidad del cambio y el tiempo penitenciario

Escribir hoy sobre inteligencia artificial obliga a aceptar una dificultad que no afecta con la misma intensidad a otros objetos de estudio: algunos datos, aplicaciones y capacidades pueden quedar desactualizados antes incluso de que hayamos comprendido suficientemente sus consecuencias. No sucede únicamente porque aparezcan nuevos modelos. Lo verdaderamente significativo es la velocidad con la que herramientas que hace muy poco permanecían restringidas a ámbitos especializados se incorporan al trabajo, la educación, la gestión empresarial, la producción y búsqueda de información, las relaciones con las administraciones y numerosas actividades ordinarias.

En algunas trayectorias penitenciarias, esa distancia puede adquirir además un carácter acumulativo. Quien ingresa con escasas competencias digitales puede regresar años después a una sociedad que no solo requiere conocimientos tecnológicos más complejos, sino que presupone su manejo para actividades cada vez más ordinarias. Cuando a ese alejamiento se añaden vulnerabilidades educativas, económicas, sociales o generacionales anteriores al ingreso, la dimensión tecnológica puede incorporarse a procesos de exclusión que ya existían antes de la condena.

Nada de ello elimina la singularidad penitenciaria. Una prisión mantiene responsabilidades de seguridad, custodia, convivencia y protección que justifican restricciones inexistentes en otros espacios, y determinadas formas de comunicación, almacenamiento, acceso o intercambio de información pueden generar riesgos que deben ser gestionados.

El verdadero debate comienza cuando se abandona la oposición elemental entre libertad tecnológica y prohibición. Interesa determinar qué restricciones responden efectivamente a finalidades legítimas, cuáles continúan siendo proporcionadas y qué modalidades de formación, acceso o utilización controlada pueden desarrollarse sin comprometer las funciones propias de la institución. Seguridad e inclusión digital no constituyen necesariamente términos antagónicos. La primera debe incorporarse al diseño de la segunda, del mismo modo que la preparación para la vida en libertad debe formar parte de una seguridad penitenciaria que no pierda de vista la sociedad a la que regresará la persona.

Normalización penitenciaria en una sociedad tecnológicamente distinta

Esta tensión encuentra un punto de apoyo especialmente significativo en el Reglamento Penitenciario. Su artículo 3.3 establece que la persona interna continúa formando parte de la sociedad y dispone que «la vida en prisión debe tomar como referencia la vida en libertad» (Real Decreto 190/1996, art. 3.3).

La formulación pertenece a 1996, pero su alcance no puede permanecer vinculado exclusivamente a la realidad social y tecnológica de aquel momento. La normalización nunca ha significado reproducir dentro de una prisión todas las condiciones existentes en el exterior. La privación de libertad comporta restricciones consustanciales a la pena y otras que pueden resultar necesarias para preservar la seguridad, el orden, el tratamiento o los derechos de terceros.

La brecha digital no es una sola brecha

La expresión brecha digital puede resultar engañosamente sencilla. Bajo una misma denominación conviven desigualdades de naturaleza diferente que, además, pueden acumularse.

Scheerder et al. (2017) permiten distinguir analíticamente varios niveles. La primera brecha se relaciona fundamentalmente con el acceso material. La segunda atiende a las habilidades y modalidades de utilización. La tercera desplaza la mirada hacia los beneficios, oportunidades y resultados que se obtienen mediante esos usos.

También en este caso las conclusiones deben acompañarse de sus límites. Los propios autores señalan que la búsqueda se concentró fundamentalmente en determinadas bases y motores académicos, se restringió a publicaciones en inglés y dejó fuera parte de la literatura gris y trabajos publicados en otros idiomas. A ello se añade la heterogeneidad de jurisdicciones, poblaciones y diseños incluidos, que dificulta cualquier traslado automático de sus resultados a un sistema penitenciario concreto (Zivanai et al., 2026).

Consideradas conjuntamente, estas investigaciones dibujan un problema suficientemente consistente para justificar su estudio, pero demasiado heterogéneo para convertirlo en un diagnóstico general. En España existen antecedentes empíricos y análisis jurídico-educativos capaces de identificar dimensiones significativas de la exclusión digital penitenciaria; sigue faltando, en cambio, una aproximación contemporánea de alcance suficiente para conocer cómo se distribuyen actualmente las competencias, necesidades y oportunidades digitales entre la población privada de libertad.

Ese vacío no debilita la relevancia del problema. Delimita con mayor precisión aquello que todavía necesitamos conocer.

Educar para una sociedad que ya ha cambiado

La dimensión educativa permite avanzar un paso más.

La Recomendación CM/Rec(2026)5 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, adoptada el 8 de abril de 2026, incorpora expresamente las competencias digitales a la educación en prisión. El instrumento contempla su aprendizaje dentro de una infraestructura técnica segura y lo vincula a la reducción de la brecha digital experimentada durante el encarcelamiento (Consejo de Europa, Comité de Ministros, 2026).

La alfabetización digital comienza así a incorporar una dimensión que podríamos considerar de alfabetización algorítmica mínima. No porque la inteligencia artificial constituya una novedad a la que deba dedicarse necesariamente una nueva materia, sino porque empieza a formar parte del entorno en el que se ejerce la autonomía personal.

La pregunta educativa puede formularse entonces en términos bastante concretos: qué necesita saber una persona para desenvolverse responsablemente en una sociedad en la que herramientas algorítmicas intervienen cada vez con mayor frecuencia en la información que recibe, las decisiones que prepara y los servicios a los que accede.

La educación penitenciaria no podrá anticipar todas las tecnologías que encontrará quien recupere la libertad. Puede, en cambio, fortalecer capacidades transferibles: aprender a aprender, localizar información, contrastarla, protegerse, formular preguntas, detectar riesgos y reconocer cuándo resulta necesario solicitar ayuda.

En ese punto, la brecha tecnológica deja de ser un problema exclusivamente tecnológico. Alcanza a la educación, la autonomía y, finalmente, a las condiciones materiales desde las que puede ejercerse la ciudadanía.

La otra digitalización: la que realiza la institución

Mientras se plantean estas dificultades desde la posición de las personas privadas de libertad, existe una segunda transformación que discurre paralelamente.

Las instituciones disponen de capacidades crecientes para digitalizar procedimientos, organizar información, automatizar tareas y utilizar sistemas capaces de asistir funciones profesionales. Esta evolución puede ofrecer beneficios claros. Una gestión documental más eficiente puede reducir errores y tiempos de tramitación; determinadas herramientas pueden facilitar traducciones, comunicaciones o acceso a información; y la automatización de tareas repetitivas puede liberar tiempo profesional para funciones en las que la escucha, la valoración individual y la relación personal aportan un valor difícilmente sustituible.

El análisis cambia cuando una herramienta deja de limitarse a facilitar una tarea y comienza a intervenir en procedimientos capaces de producir consecuencias relevantes sobre una persona.

El artículo 6.1 del Reglamento Penitenciario contiene desde 1996 una previsión particularmente significativa. Impide que una decisión administrativa que implique apreciar el comportamiento humano de una persona interna se fundamente exclusivamente en un tratamiento automatizado de datos o informaciones que definan su perfil o personalidad (Real Decreto 190/1996, art. 6.1).

Interpretarlo como una regulación anticipada de la inteligencia artificial contemporánea sería anacrónico. Su contexto tecnológico era radicalmente distinto. Pero esa distancia histórica no elimina la vigencia del principio que expresa: existe una diferencia jurídicamente relevante entre tratar información sobre una persona y trasladar exclusivamente a ese tratamiento automatizado la valoración de su comportamiento.

La inteligencia artificial contemporánea hace todavía más visible la necesidad de distinguir categorías que con demasiada frecuencia se presentan como equivalentes. No toda automatización es inteligencia artificial; no todo instrumento actuarial emplea aprendizaje automático; no toda valoración profesional estructurada constituye perfilado algorítmico; ni toda herramienta de apoyo posee capacidad decisoria. Una delimitación deficiente puede conducir tanto a sobredimensionar algunos riesgos como a infravalorar otros.

La valoración de cualquier herramienta exige conocer qué datos utiliza, con qué finalidad, mediante qué procedimiento genera su resultado, qué margen de error presenta, qué información puede obtener el profesional sobre su funcionamiento, qué peso adquiere ese resultado dentro de la decisión y qué posibilidad real existe de cuestionarlo o apartarse de él.

La Recomendación CM/Rec(2024)5 del Consejo de Europa se sitúa en esa misma lógica de cautela. No excluye el empleo de inteligencia artificial y tecnologías digitales relacionadas en los servicios penitenciarios y de ejecución penal en la comunidad, pero exige legalidad, necesidad, proporcionalidad, transparencia, respeto de los derechos humanos y responsabilidad institucional. Subraya también que estas tecnologías deben asistir a los profesionales, no sustituirlos (Consejo de Europa, Comité de Ministros, 2024).

Esa intervención humana solo adquiere verdadero significado cuando es efectiva. La presencia formal de un profesional no garantiza por sí misma supervisión si la lógica del resultado no puede comprenderse, discutirse o cuestionarse. La capacidad para valorar la información proporcionada por la herramienta, apartarse de ella cuando existan razones y asumir la responsabilidad por la decisión final son componentes inseparables de una supervisión humana sustantiva.

En el medio penitenciario esta exigencia adquiere una intensidad particular, porque la tecnología se incorpora a una relación institucional que ya presenta una asimetría profunda antes de que intervenga cualquier sistema automatizado.

Predicción, perfilado y garantías

El Reglamento (UE) 2024/1689 introduce límites adicionales que requieren una lectura particularmente cuidadosa.

Su artículo 5.1.d prohíbe determinados sistemas de inteligencia artificial destinados a evaluar o predecir el riesgo de que una persona cometa una infracción penal cuando esa valoración se basa exclusivamente en su perfilado o en la evaluación de rasgos y características de personalidad. La disposición diferencia estos supuestos de los sistemas utilizados para apoyar una valoración humana de la participación de una persona en una actividad delictiva cuando esa valoración se encuentra previamente fundada en hechos objetivos y verificables directamente relacionados con la actividad correspondiente (Reglamento [UE] 2024/1689, art. 5.1.d).

Tecnología en prisión: oportunidad, riesgo y paradoja

La investigación comparada permite introducir otra cautela importante: la digitalización penitenciaria no adquiere una función rehabilitadora por el mero hecho de incorporar tecnología.

Hofinger y Pflegerl (2024) estudiaron las oportunidades y riesgos asociados a la introducción de tecnologías digitales en prisiones austríacas mediante 39 entrevistas cualitativas, 35 realizadas en tres establecimientos penitenciarios y cuatro a personas anteriormente encarceladas. Los propios autores advierten de que su diseño no pretende representatividad estadística y reconocen limitaciones relacionadas con la composición de la muestra.

El caso sueco estudiado por Nordström y Knight (2026) ofrece una perspectiva complementaria. Su investigación analiza el proceso de elaboración de una estrategia digital para el sistema correccional sueco articulada alrededor de valores relacionados con normalidad, proporcionalidad, rehabilitación e inclusión social. La participación de distintos actores, la transparencia y la continuidad del denominado client path ocupan un lugar relevante en la construcción de esa estrategia.

Tampoco aquí existe una receta susceptible de exportación automática. Los contextos jurídicos, penitenciarios y organizativos condicionan profundamente cualquier proceso de transformación digital. El interés del caso sueco reside, más bien, en el orden desde el que se plantea la innovación: las finalidades correccionales actúan como referencia para las decisiones tecnológicas y no simplemente como una justificación añadida después de adoptar la herramienta (Nordström & Knight, 2026).

El cambio de perspectiva es importante. Antes de preguntarnos qué tecnología puede incorporarse a una prisión convendría determinar qué problema pretende resolverse, a quién afecta, qué beneficio se espera obtener, qué riesgos introduce y mediante qué criterios podremos evaluar posteriormente sus resultados.

Una posible asimetría que todavía debemos medir

Es en la confluencia de ambas trayectorias donde adquiere sentido la hipótesis que articula estas páginas.

Propongo utilizar provisionalmente la expresión asimetría digital penitenciaria para designar una eventual divergencia entre las capacidades tecnológicas que desarrolla la institución para registrar, relacionar, gestionar, analizar o utilizar información y las oportunidades que poseen las personas privadas de libertad para adquirir y conservar competencias tecnológicas orientadas a su autonomía.

No bastaría con contar dispositivos o registrar horas de conexión. Sería necesario conocer el acceso efectivo, la frecuencia y finalidad de uso, las competencias operativas, la capacidad para buscar y evaluar información, la autonomía administrativa, la seguridad digital, las características sociodemográficas, la duración del encarcelamiento, la proximidad a la excarcelación, las oportunidades formativas y los resultados asociados al aprendizaje.

Del lado institucional habría que identificar también qué procedimientos se digitalizan, qué sistemas automatizados intervienen, con qué finalidad, bajo qué mecanismos de transparencia y revisión y con qué repercusión efectiva sobre las personas.

La estructura de acceso, competencias, usos y resultados desarrollada por Scheerder et al. (2017) ofrece una base conceptual útil para esta futura operacionalización, aunque cualquier instrumento necesitaría ser adaptado específicamente a las condiciones del medio penitenciario.

La utilidad de la hipótesis dependerá, en último término, de su capacidad para ser contrastada. Deberá poder confirmarse, delimitarse, reformularse o descartarse si la evidencia así lo exige. Solo de ese modo la expresión podrá servir para conocer una realidad y no simplemente para proporcionar un nombre a una conclusión previamente asumida.

Desde la experiencia hacia el método

Quienes mantenemos contacto directo con el medio penitenciario encontramos situaciones que hacen razonable formular estas preguntas.

Algunos trámites que desde fuera parecen elementales necesitan dentro distintas formas de mediación. Determinadas personas se aproximan a la excarcelación después de periodos prolongados durante los cuales la sociedad exterior ha experimentado una transformación tecnológica profunda. Profesionales y voluntarios identifican necesidades que pueden resultar significativas, aunque su extensión y distribución no sean todavía suficientemente conocidas.

Ese conocimiento situado posee valor, pero también límites. Lo observado en un establecimiento, en un programa o en un grupo reducido de personas no permite establecer por sí solo la prevalencia de un fenómeno ni describir el funcionamiento general del sistema penitenciario. La experiencia puede descubrir una pregunta; no sustituye el procedimiento necesario para responderla.

Su aportación se encuentra justamente ahí. La cercanía permite advertir problemas que pueden permanecer menos visibles en una aproximación exclusivamente normativa o estadística, ayuda a contextualizar los datos y puede hacer aparecer contradicciones o necesidades que después deberán someterse a método, comparación y posible refutación.

Ese es también el sentido que pretende tener Desde la Trinchera.

La trinchera no concede superioridad epistemológica. Ofrece una posición desde la que mirar de cerca y obliga, después, a someter aquello que creemos haber visto al contraste necesario. La experiencia penitenciaria puede indicar dónde merece la pena investigar; corresponde a la investigación determinar qué existe realmente, con qué intensidad, por qué ocurre y qué intervenciones producen resultados.

En materia digital, algunas preguntas comienzan a perfilarse con suficiente claridad. Necesitamos conocer qué competencias poseen las personas privadas de libertad, cuáles pierden o adquieren durante el cumplimiento, qué diferencias introducen la edad, el tiempo de encarcelamiento, la formación previa o la proximidad a la excarcelación, qué necesidades identifican los profesionales y qué recursos pueden contribuir a mejorar la autonomía sin comprometer exigencias legítimas de seguridad.

A la vez, necesitamos comprender la transformación de la propia organización penitenciaria: qué procedimientos se digitalizan, qué tecnologías se incorporan, qué efectos producen sobre el trabajo profesional y qué garantías acompañan a aquellas capaces de influir sobre situaciones individuales.

Entre ambas líneas aparece un campo de investigación que puede permitirnos comprender no solo cuánta tecnología existe en prisión, sino cómo se distribuyen las capacidades, oportunidades y riesgos asociados a ella.

De la reflexión a una agenda posible de investigación

El próximo curso académico 2026-2027 nos

ofrece un contexto razonable para comenzar a desarrollar algunas de estas líneas. El trabajo realizado alrededor del Programa Tres Pilares y el espacio de colaboración existente con la Clínica Criminológica de la Universidad de Extremadura permiten establecer una continuidad natural entre experiencia, identificación de problemas y construcción metodológica.

Esa colaboración no implica atribuir a la Universidad proyectos o líneas de investigación que no hayan sido formalmente asumidos. Su interés reside en disponer de un espacio donde las preguntas puedan discutirse, depurarse y transformarse, cuando exista base suficiente, en diseños capaces de producir conocimiento contrastable.

Una primera línea podría orientarse a actualizar la evidencia española sobre competencias y desigualdades digitales en el medio penitenciario. Los trabajos de Novo-Corti et al. (2011), Merchán Bermejo et al. (2021) y Pulido (2023) muestran que no partimos de cero. Sus diferencias temporales, metodológicas y de objeto explican, al mismo tiempo, por qué resulta necesario producir nueva información específicamente orientada a la realidad actual.

Una investigación contemporánea debería evitar reducir la competencia digital a una pregunta general del tipo «¿sabe usar internet?». La capacidad de enviar un mensaje, utilizar una red social o reproducir un vídeo dice poco acerca de la autonomía necesaria para realizar una gestión administrativa, preparar un currículum, utilizar una identidad electrónica, localizar información fiable, proteger una contraseña, reconocer un intento de fraude o evaluar críticamente una respuesta generada mediante inteligencia artificial.

El modelo multinivel de Scheerder et al. (2017) puede contribuir a estructurar dimensiones de acceso, competencias, usos y resultados, mientras la especificidad penitenciaria obliga a incorporar variables relacionadas con el cumplimiento, la duración del encarcelamiento y el horizonte de la excarcelación.

Una segunda línea podría examinar las perspectivas de quienes trabajan e intervienen en el medio. Criminología, psicología, trabajo social, educación social, Derecho, personal penitenciario y disciplinas tecnológicas observan aspectos distintos de una misma realidad. Su combinación permitiría identificar necesidades, riesgos, posibilidades de implementación y conflictos que difícilmente serían visibles desde una única disciplina.

Sobre una base empírica suficientemente sólida podrían diseñarse después experiencias de alfabetización digital y algorítmica, especialmente en medio abierto o durante periodos próximos a la excarcelación. Su finalidad no debería ser demostrar que una intervención previamente decidida funciona, sino construirla de manera que pueda ser evaluada: para quién resulta útil, qué competencias mejora, si esas mejoras se mantienen, qué dificultades aparecen y qué elementos necesitan modificarse.

Los resultados de Hwang et al. (2024) aconsejan considerar especialmente la edad y el tiempo de desconexión, mientras la revisión de Zivanai et al. (2026) refuerza la conveniencia de relacionar las intervenciones digitales con necesidades concretas de educación, empleo, acceso a servicios y reintegración.

La investigación deberá atender también a las desigualdades internas de la propia población penitenciaria. Una intervención idéntica para todas las personas puede resultar insuficiente para quien parte de una situación de especial vulnerabilidad y redundante para quien conserva competencias elevadas. La igualdad formal de acceso difícilmente producirá igualdad de oportunidades cuando las condiciones de partida son profundamente diferentes.

Interdisciplinariedad, dignidad y sentido de la innovación

La naturaleza del problema desborda los límites de una sola disciplina.

La criminología puede relacionar desigualdad digital, reinserción, desistimiento, riesgo y funcionamiento institucional. La psicología aporta conocimiento sobre aprendizaje, adaptación, autoeficacia y toma de decisiones. El trabajo social conecta autonomía digital con empleo, vivienda, prestaciones y redes comunitarias. La educación social puede transformar necesidades en procesos formativos. El Derecho delimita garantías, responsabilidades y posibilidades de revisión. La informática resulta imprescindible para determinar qué soluciones son técnicamente posibles, seguras, explicables y auditables.

La prisión constituye un espacio especialmente sensible para esa reflexión porque la tecnología se incorpora a una relación institucional profundamente asimétrica antes de que intervenga ningún algoritmo. La persona privada de libertad se encuentra sometida a decisiones, controles y registros que afectan aspectos centrales de su vida cotidiana. Si una nueva herramienta amplía la capacidad para observar, relacionar datos, clasificar o apoyar decisiones, las garantías no pueden incorporarse como una corrección posterior, sino que deben formar parte del propio diseño.

Una tecnología capaz de facilitar educación, información, comunicación o autonomía puede ponerse claramente al servicio de la persona. Otra que amplíe capacidades institucionales mientras diluye responsabilidades, dificulta comprender decisiones o desplaza relaciones humanas relevantes necesita una evaluación considerablemente más exigente.

Por eso, la pregunta ética no aparece después de la innovación. Está presente desde el momento en que decidimos qué problema queremos resolver, mediante qué tecnología, para quién y bajo qué condiciones.

La transformación digital como objeto de evaluación

Una de las tentaciones más frecuentes consiste en identificar innovación con incorporación de tecnología. El número de dispositivos instalados, procedimientos digitalizados o tareas automatizadas permite conocer la intensidad del cambio tecnológico, pero dice bastante menos acerca de su calidad.

Los trabajos de Hofinger y Pflegerl (2024, 2026), la experiencia finlandesa estudiada por Järveläinen y Rantanen (2026) y el proceso sueco analizado por Nordström y Knight (2026) convergen, desde contextos y metodologías diferentes, en una idea relevante: la tecnología produce sus efectos dentro de estructuras institucionales concretas, y esos efectos dependen del diseño, la implementación, las competencias de quienes participan y las finalidades que orientan su utilización.

El artículo 25.2 de la Constitución Española establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. La jurisprudencia constitucional ha precisado que este mandato no configura un derecho subjetivo autónomo a la reinserción ni convierte aquella finalidad en el único objetivo legítimo de la pena, sino que establece una orientación constitucional dirigida al legislador y a la Administración en materia de ejecución penitenciaria (Tribunal Constitucional, 2005).

Esta precisión evita atribuir al precepto un alcance jurídico que no posee, pero no disminuye su relevancia para examinar la transformación tecnológica del sistema. Si la ejecución penitenciaria debe orientarse también hacia la reinserción, cualquier innovación relevante debería poder explicar qué aporta a la preparación para la vida en libertad, cómo se relaciona con las necesidades legítimas de seguridad y qué consecuencias produce sobre los derechos y la autonomía de las personas afectadas.

La incorporación de tecnología puede demostrar modernización. Para poder hablar propiamente de progreso penitenciario habrá que exigir algo más: que sus resultados guarden relación con las finalidades que justifican su introducción.

A modo de cierre

La inteligencia artificial está acelerando una transformación digital que ya modificaba profundamente nuestras sociedades. La prisión no permanece fuera de ella, aunque tampoco pueda incorporarla bajo las mismas condiciones que otros espacios.

Seguridad, custodia, privacidad, derechos de terceros y responsabilidad institucional justifican cautelas específicas. Ninguna de ellas convierte, sin embargo, en inevitable que la distancia tecnológica de las personas privadas de libertad aumente durante el cumplimiento.

El propio ordenamiento español reconoce que determinadas tecnologías pueden contribuir a reducir la brecha tecnológica, mientras los estándares europeos más recientes incorporan expresamente las competencias digitales dentro de una concepción actualizada de la educación penitenciaria (Real Decreto 268/2022; Consejo de Europa, Comité de Ministros, 2026).

Paralelamente, el Reglamento Penitenciario, el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial y la Recomendación CM/Rec(2024)5 ofrecen referencias relevantes para pensar las garantías necesarias cuando el tratamiento automatizado o los sistemas de inteligencia artificial pueden intervenir en procedimientos relacionados con valoración, seguridad o adopción de decisiones.

La investigación aconseja igualmente abandonar respuestas demasiado simples. El acceso material no garantiza competencia; las competencias no se traducen necesariamente en autonomía; la incorporación de tecnología no convierte por sí misma una intervención en rehabilitadora; y las necesidades legítimas de seguridad no conducen necesariamente a la exclusión digital absoluta.

Entre esos extremos existe un espacio mucho más complejo de diferencias individuales, diseños tecnológicos, garantías jurídicas, finalidades penitenciarias y resultados que necesitamos conocer y evaluar.

En ese espacio adquiere sentido la hipótesis de una asimetría digital penitenciaria.

No se trata de presuponer que la institución avanza tecnológicamente mientras las personas permanecen inmóviles. La pregunta consiste en determinar si ambas trayectorias evolucionan de manera diferente, qué capacidades se distribuyen a cada lado de la relación penitenciaria y qué consecuencias puede producir esa diferencia sobre la autonomía, los derechos y la preparación para la libertad.

La experiencia puede ayudar a reconocer los problemas; la universidad, a convertirlos en preguntas metodológicamente defendibles; las diferentes profesiones, a aportar perspectivas que ninguna disciplina posee por separado; las organizaciones sociales, a incorporar conocimiento nacido del acompañamiento directo; y la Administración deberá participar necesariamente cuando la investigación alcance ámbitos sometidos a su responsabilidad.

El valor de esa cooperación dependerá menos del número de instituciones reunidas que de la calidad de las preguntas, del rigor con el que intentemos responderlas y de nuestra disposición a aceptar que los resultados puedan obligarnos a modificar las hipótesis iniciales.

El curso académico 2026-2027 ofrece una oportunidad razonable para comenzar ese recorrido. No parece necesario apresurarnos a ofrecer soluciones tecnológicas para problemas que todavía necesitamos conocer mejor. Resulta más coherente delimitar primero qué debemos saber, construir después las condiciones para investigarlo y evaluar finalmente qué intervenciones merecen ser desarrolladas.

Preparar para la libertad en una sociedad que cambia con tanta rapidez exige comprender también qué capacidades, qué relaciones y qué formas concretas de ciudadanía esperan fuera.