Resumen

Este artículo toma como referencia principal la encíclica Magnifica Humanitas de León XIV, sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial, y la pone en diálogo con la doctrina sobre dignidad humana, técnica, poder, vulnerabilidad, bien común, justicia social y cultura del descarte desplegada por el magisterio reciente, especialmente en Evangelii gaudium, Fratelli tutti y en las intervenciones de León XIV durante su visita a España. En particular, se atiende al discurso ante el Congreso de los Diputados, a las palabras pronunciadas en el centro penitenciario de Brians 1 y al encuentro con realidades de acogida de migrantes en Arguineguín (Francisco, 2013, 2020; León XIV, 2026a, 2026b, 2026c, 2026d).

2. Marco teórico

2.1. Individualización científica y finalidad constitucional de la ejecución penal

La individualización científica no es una expresión decorativa del Derecho penitenciario español. Es el principio que impide que la ejecución penal se reduzca a una administración homogénea de expedientes. Supone valorar a la persona concreta, su evolución, sus necesidades, sus riesgos, sus factores protectores, sus vínculos, su contexto y sus posibilidades reales de retorno social.

Desde esta perspectiva, una herramienta de riesgo puede ser útil como apoyo, pero no debe convertirse en el centro de la decisión. La valoración penitenciaria debe integrar datos cuantitativos y cualitativos, factores estáticos y dinámicos, historia delictiva y evolución tratamental, prudencia institucional y horizonte de reinserción. La persona privada de libertad no puede quedar fijada para siempre en aquello que hizo, ni tampoco puede ser empujada hacia una salida irresponsable sin apoyos, preparación ni control.

El Reglamento Penitenciario permite comprender bien esta tensión cuando establece:

El informe preceptivo del Equipo Técnico será desfavorable cuando, por la peculiar trayectoria delictiva, la personalidad anómala del interno o por la existencia de variables cualitativas desfavorables, resulte probable el quebrantamiento de la condena, la comisión de nuevos delitos o una repercusión negativa de la salida sobre el interno desde la perspectiva de su preparación para la vida en libertad o de su programa individualizado de tratamiento (Real Decreto 190/1996, art. 156.1).

La cita es relevante porque no habla de una puntuación aislada. Habla de trayectoria, personalidad, variables cualitativas, probabilidad, preparación para la vida en libertad y programa individualizado de tratamiento. Es decir, exige juicio profesional, integración de datos y lectura individualizada. Una tabla puede ayudar a ordenar información, pero no debe absorber la decisión ni vaciar de contenido la valoración interdisciplinar.

2.2. Riesgo, necesidad, responsividad y desistimiento

La Criminología lleva décadas trabajando sobre la evaluación del riesgo, la reincidencia, los factores criminógenos y los procesos de desistimiento. El modelo riesgo, necesidad y responsividad (RNR) sostiene tres principios básicos: ajustar el nivel de intervención al riesgo de reincidencia, identificar necesidades criminógenas y orientar hacia ellas el tratamiento, y adaptar la intervención a las características, capacidades, motivación y estilos de aprendizaje de la persona (Bonta & Andrews, 2007).

Esta perspectiva no desprecia las herramientas estructuradas. Las exige, pero bien usadas. Medir riesgo sin identificar necesidades tratamentales sirve de poco. Clasificar sin ofrecer itinerario sirve aún menos. Una herramienta que señala un problema debería ayudar a construir una respuesta. Si solo etiqueta, bloquea o refuerza un pronóstico desfavorable sin explicar qué debe cambiar, su utilidad penitenciaria queda empobrecida.

La propia literatura RNR distingue entre instrumentos centrados en factores estáticos e instrumentos de tercera y cuarta generación, que incorporan factores dinámicos y permiten observar cambios en la situación del sujeto. Bonta y Andrews (2007) señalan que las herramientas centradas en historia criminal y otros datos inmutables tienen una limitación importante: no captan adecuadamente que la persona pueda cambiar para mejor. Esa advertencia es especialmente relevante para cualquier instrumento que influya en permisos, progresiones o salidas, porque la ejecución penal orientada a la reinserción no puede limitarse a registrar el pasado; debe valorar también la evolución tratamental.

La literatura sobre rehabilitación y desistimiento aporta una corrección imprescindible. El abandono de la conducta delictiva no se explica solo por la clasificación administrativa o la amenaza de sanción. Exige procesos de maduración, vínculos significativos, oportunidades sociales, responsabilidad, reconocimiento del daño y reconstrucción de un proyecto de vida no delictivo. McNeill (2012) ha insistido en que la rehabilitación debe comprenderse en varias dimensiones, no solo como intervención sobre el individuo, sino también como proceso jurídico, moral y social. Esta perspectiva obliga a leer el riesgo junto a las condiciones reales que permiten o bloquean la reintegración.

Desde aquí se aprecia uno de los límites de cualquier herramienta excesivamente estática. Los antecedentes, la gravedad del delito, la duración de la condena o el historial de quebrantamientos pueden ser relevantes. Pero una ejecución penal orientada a la reinserción debe valorar también participación en programas, evolución conductual, reconocimiento del daño, estabilidad emocional, control de consumos, vínculos familiares, apoyo comunitario, expectativas laborales y cambios verificables. Cuando una herramienta no capta suficientemente esa evolución, corre el riesgo de fijar a la persona en su pasado.

En definitiva, el marco RNR y la literatura sobre desistimiento no invitan a abandonar las herramientas estructuradas, sino a utilizarlas de forma que reconozcan la posibilidad real de cambio y articulen itinerarios tratamentales, en lugar de limitarse a consolidar pronósticos desfavorables.

2.3. Periferias, ultraperiferia penitenciaria y cultura del descarte

La categoría de ultraperiferia penitenciaria exige precisión. No es una expresión tomada literalmente del magisterio de Francisco. Es una elaboración propia a partir de una línea doctrinal suficientemente identificable: la salida hacia las periferias, la denuncia de la exclusión que rompe la pertenencia social, la atención a los descartados, la integración de todas las periferias y la crítica a las penas entendidas de manera vindicativa o cruel (Francisco, 2013, 2020).

En Evangelii gaudium, Francisco llama a salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio (Francisco, 2013, n. 20). La misma exhortación contiene una formulación especialmente fuerte sobre la exclusión: ya no se está simplemente abajo, en la periferia o sin poder, sino fuera de la pertenencia social; los excluidos dejan de ser solo explotados y pasan a ser desechos o sobrantes (Francisco, 2013, nn. 53–54).

Esta idea no puede trasladarse mecánicamente a la prisión, porque la pena privativa de libertad responde a una decisión penal legítima y no a una mera exclusión económica. Pero sí ilumina un riesgo real: que la persona condenada quede fuera del campo de pertenencia moral de la comunidad. En Fratelli tutti, Francisco afina todavía más el criterio. El amor integra todas las periferias hacia una pertenencia mutua; las periferias pueden estar cerca, incluso en el centro de una ciudad o dentro de la propia familia; y cada persona sufriente, abandonada o ignorada puede convertirse en un forastero existencial dentro de su propio país (Francisco, 2020, nn. 95–97).

También recuerda a los exiliados ocultos tratados como cuerpos extraños en la sociedad, y sostiene que incluir a las periferias es imprescindible porque quien está en ellas ve aspectos de la realidad que no se reconocen desde los centros donde se toman las decisiones más definitorias (Francisco, 2020, nn. 98, 215). La prisión condensa esa intuición de forma extrema: el interno está dentro del Estado, pero fuera de la vida ordinaria de la sociedad; está intensamente registrado, pero débilmente escuchado; está jurídicamente presente, pero socialmente ausente. Se habla de él en expedientes, informes, autos y resoluciones, pero raramente se escucha su voz como parte de una conversación comunitaria sobre reinserción.

Por eso la prisión puede ser comprendida como ultraperiferia, no porque sea una periferia más importante que otras, sino porque en ella se superponen la privación de libertad, el aislamiento social, la estigmatización, la dependencia institucional y, en muchos casos, trayectorias previas de exclusión. Esta lectura no pretende convertir la responsabilidad penal en inocencia social. Tampoco pretende diluir el daño causado ni olvidar a las víctimas. Precisamente por respeto a la justicia, conviene evitar simplificaciones. Fratelli tutti advierte que los miedos y rencores pueden llevar a entender las penas de manera vindicativa, incluso cruel, en lugar de comprenderlas como parte de un proceso de sanación y reinserción en la sociedad (Francisco, 2020, n. 266). También afirma que los cristianos y los hombres de buena voluntad están llamados a mejorar las condiciones carcelarias en el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de libertad, y recuerda que ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal (Francisco, 2020, nn. 268–270).

La ultraperiferia penitenciaria, así entendida, no es un concepto sentimental. Es una categoría criminológica, social y moral que permite observar una acumulación de distancias: distancia física respecto de la comunidad, distancia jurídica respecto de la libertad, distancia simbólica respecto de la pertenencia, distancia narrativa respecto de la propia voz y distancia práctica respecto de las oportunidades reales de recomenzar. Allí donde esas distancias se agravan mediante herramientas opacas o insuficientemente revisables, la técnica deja de ser un apoyo neutral y se convierte en una mediación decisiva que debe ser examinada con especial prudencia.

2.4. Transparencia algorítmica, sesgos y control de decisiones públicas sensibles

La transparencia no es un requisito accesorio. En el ámbito penitenciario adquiere una importancia reforzada porque las decisiones afectan a derechos, expectativas legítimas y fases concretas del itinerario de reinserción. Cuando una persona privada de libertad solicita un permiso, no se enfrenta únicamente a una decisión administrativa. Se enfrenta a una valoración institucional sobre su evolución, sus vínculos, sus riesgos y sus posibilidades de retorno progresivo a la comunidad.

Si en esa valoración interviene una herramienta técnica, sus criterios no pueden permanecer en una zona de difícil acceso. La persona afectada debe poder conocer, al menos de forma comprensible, qué factores se han tenido en cuenta, qué datos se han incorporado, qué elementos han pesado en sentido desfavorable y qué margen existe para corregir errores o acreditar cambios relevantes.

La literatura jurídica sobre sistemas basados en datos ha advertido que los modelos aparentemente neutrales pueden producir impactos discriminatorios aunque no incorporen una intención discriminatoria explícita. Barocas y Selbst (2016) analizan cómo el uso de grandes bases de datos puede generar efectos adversos sobre grupos vulnerables cuando los datos históricos reflejan desigualdades previas, cuando las variables funcionan como sustitutos indirectos de categorías sensibles o cuando los modelos reproducen patrones sociales ya sesgados.

En el ámbito penal, la discusión sobre COMPAS, aunque situada en el contexto estadounidense y no trasladable mecánicamente al sistema español, ofrece una advertencia metodológica útil. ProPublica investigó el uso de esta herramienta de valoración del riesgo y abrió un debate internacional sobre opacidad, errores de clasificación e impactos desiguales (Angwin et al., 2016). Dressel y Farid (2018), por su parte, examinaron la precisión, equidad y límites de la predicción de reincidencia y mostraron que una herramienta ampliamente utilizada no superaba de forma clara a grupos de personas sin especialización en justicia penal al realizar determinadas predicciones.

La conclusión prudente no es que toda herramienta sea inútil, sino que ninguna herramienta de riesgo debe ser tratada como incuestionable sin validación, transparencia y control. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial no resuelve por sí solo el caso de la TVR. No toda herramienta actuarial previa puede identificarse automáticamente con un sistema de IA en sentido normativo estricto. Pero sí ofrece un marco cultural y jurídico que ya no permite naturalizar cajas negras en decisiones públicas sensibles. El Reglamento (UE) 2024/1689 promueve una IA centrada en el ser humano y fiable, con protección de salud, seguridad y derechos fundamentales, y regula especialmente la supervisión humana, la documentación, la trazabilidad, la precisión y el riesgo de sesgo de automatización en sistemas de alto riesgo.

Ese clima normativo obliga a revisar también instrumentos antiguos que, sin ser IA generativa ni sistemas avanzados de aprendizaje automático, producen efectos prácticos sobre derechos, oportunidades o itinerarios vitales. En este contexto, la TVR no puede ser asumida acríticamente como una escala neutral: debe someterse a exigencias de transparencia, revisión y control proporcional al impacto que tiene sobre la vida concreta de las personas internas.

2.5. Magnifica Humanitas: técnica, poder y custodia de lo humano

La doctrina social de la Iglesia no entra en este artículo como una apelación sentimental ni como una ornamentación piadosa. Entra como criterio de discernimiento. Magnifica Humanitas ofrece una clave especialmente pertinente para analizar herramientas de clasificación, predicción y decisión: la técnica no debe ser rechazada por ser técnica, pero tampoco puede aceptarse acríticamente cuando empieza a configurar quién cuenta, quién accede, quién espera y quién queda descartado (León XIV, 2026a).

León XIV formula un criterio especialmente aplicable al ámbito penitenciario:

Confiar, en la práctica, a un algoritmo el poder de seleccionar quién es digno y quién no, sin que nadie asuma el peso de la decisión, significa encomendarle la tarea de redefinir los límites de las posibilidades humanas. Lo que disminuye, en este proceso, no es solo la empatía hacia el excluido, que puede ser imitada artificialmente, sino la responsabilidad política, porque el descarte de los débiles queda revestido de una neutralidad y una objetividad ante las cuales es imposible protestar (León XIV, 2026a, n. 103).

La potencia de este pasaje para el ámbito penitenciario es evidente. No porque la TVR decida quién es digno y quién no en términos absolutos, sino porque cualquier herramienta que influya en permisos, progresiones o salidas incide sobre posibilidades humanas concretas. Si esa herramienta no se puede comprender, discutir o revisar, la persona queda situada ante una decisión que parece técnica, objetiva e incontestable. Y cuando lo técnico se vuelve incontestable, la humanitas empieza a retroceder.

León XIV añade en Magnifica Humanitas que, cuando datos y algoritmos influyen en el acceso a servicios u oportunidades, las decisiones deben ser comprensibles, cuestionables y sometidas a control, para que la persona no quede reducida a un perfil (León XIV, 2026a, n. 164). Aunque la afirmación aparece en un contexto económico y social más amplio, su criterio puede trasladarse legítimamente al ámbito penitenciario: si el resultado de una herramienta afecta a un permiso de salida, debe ser comprensible, discutible y controlable.

Leída desde la ultraperiferia penitenciaria, esta advertencia adquiere una densidad singular. En el centro de poder, un algoritmo puede parecer eficiencia. En la periferia, puede sentirse como distancia. En la ultraperiferia, puede convertirse en una voz sin rostro que bloquea una posibilidad de salida sin que la persona comprenda del todo qué ha ocurrido. Por eso la cuestión no es solo si el instrumento calcula. La cuestión es si el sistema explica, escucha, revisa y permite cambiar.

En conjunto, el marco de Magnifica Humanitas ayuda a situar el debate sobre la TVR más allá de la mera eficiencia técnica. El problema no es que exista una tabla, sino cómo se usa: si favorece la custodia de lo humano y la responsabilidad política, o si se convierte en un filtro aparentemente neutro que normaliza el descarte de quienes ya viven en la ultraperiferia penitenciaria.

7. Congreso, Brians 1 y Arguineguín: tres concreciones de la humanitas

La visita de León XIV a España ofreció tres momentos especialmente relevantes para leer esta cuestión.

El primero fue el discurso en el Congreso de los Diputados. Allí, el Papa afirmó:

Una ley no alcanza su verdadera grandeza por el mero hecho de haber sido formalmente aprobada; la alcanza cuando, además de ser válida en su forma, puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse. (León XIV, 2026b)

La afirmación debería presidir cualquier debate sobre ejecución penal. Una herramienta administrativa tampoco alcanza legitimidad suficiente por el mero hecho de existir, utilizarse o resultar funcional. Debe poder comparecer ante la dignidad de la persona. Debe poder explicar qué mide, cómo lo mide, para qué lo mide y qué efectos produce. Si una herramienta de riesgo no puede superar ese examen, no basta con invocar su antigüedad, su utilidad administrativa o su carácter formalmente auxiliar.

El segundo momento fue Brians 1. Allí León XIV recordó:

Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. San Agustín, en sus Confesiones, nos comparte su itinerario vital y nos habla de ello; si confiamos en la gracia divina y nos dejamos guiar y transformar por ella, descubrimos cómo en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones. (León XIV, 2026c)

El pasaje tiene una fuerza penitenciaria extraordinaria. No niega el delito. No borra el daño. No elimina la responsabilidad. Pero rechaza que la persona quede clausurada en su pasado. En clave criminológica, conecta con el desistimiento: la reinserción exige más que ausencia de incidentes; exige procesos verificables de maduración, responsabilidad, vínculo y reconstrucción de identidad.

También en Brians 1, León XIV dijo a los internos: “Dios te ama como eres, pero te sueña mejor” (León XIV, 2026c). Esta frase expresa una antropología del cambio que no debe confundirse con ingenuidad. La persona no queda absuelta de su historia, pero tampoco reducida a ella. El sistema penitenciario puede y debe exigir responsabilidad, reparación cuando sea posible, prudencia y cumplimiento. Pero si pierde la posibilidad de esperar un cambio real, deja de ser un sistema orientado a la reinserción y se aproxima a una mera administración indefinida de consecuencias.

El tercer momento fue Arguineguín. Allí, ante realidades de acogida de migrantes, León XIV dijo: “No son números ni expedientes” (León XIV, 2026d). Lo dijo de los migrantes, pero el criterio alcanza a toda persona situada ante instituciones fuertes que la clasifican, documentan, filtran o valoran. En prisión, la advertencia resulta evidente: el interno no puede ser reducido a número, módulo, grado, delito, sanción, tabla, puntuación o porcentaje.

No se trata de forzar una analogía entre migración y prisión. Se trata de reconocer una misma pregunta moral: cómo actúa la institución cuando se encuentra ante quien tiene menos fuerza para hacerse oír. En ambos casos, la respuesta no puede ser solo gestión de flujos, expedientes o riesgos. Debe ser reconocimiento de dignidad.

8. Nuevas servidumbres técnicas: precisión conceptual y alcance penitenciario

La referencia a la esclavitud exige una prudencia especial. No toda dependencia administrativa, técnica o documental puede ser llamada esclavitud sin empobrecer el concepto y sin faltar al rigor histórico-jurídico. Sin embargo, Magnifica Humanitas permite hablar de nuevas formas de subordinación cuando la tecnología, los datos o las infraestructuras digitales generan dependencia, invisibilidad o explotación de los más vulnerables (León XIV, 2026a, nn. 173–180).

En prisión, el problema no es que una herramienta convierta literalmente al interno en esclavo. El problema es más sutil: puede convertirlo en sujeto administrado por una clasificación que no controla, en destinatario de una puntuación que no comprende, en objeto de un pronóstico que no sabe cómo modificar. Esa es la forma de servidumbre técnica que aquí debe preocuparnos.

Cuando un interno no puede conocer con claridad por qué su valoración es negativa, qué datos han pesado, qué variables son corregibles, qué factores dinámicos han sido considerados o qué objetivos tratamentales permitirían una nueva valoración, su posición se debilita. No desaparecen sus derechos, pero se hacen más difíciles de ejercer. No se le niega formalmente la posibilidad de recurrir, pero se limita materialmente su capacidad de discutir. No se le priva de dignidad en el plano declarativo, pero se le trata como si su expediente hablara más que su evolución.

Esa es la inversión antropológica que debe evitarse. La técnica ha de ayudar a ver mejor, no a impedir la mirada; ha de contribuir a decisiones más prudentes, no a blindarlas; ha de reforzar la seguridad sin sustituir la individualización científica. Su función es ordenar información, no congelar biografías ni producir sujetos resignados ante una clasificación aparentemente incontestable.

El voluntariado lo percibe con especial claridad porque no mira el caso solo desde el expediente. Lo mira también desde la conversación, desde la visita, desde la espera, desde la familia que pregunta, desde la carta que no llega, desde el miedo a no saber explicar lo que ocurre. Esa mirada no sustituye a la técnica. La completa humanamente. Cuando es leal, prudente y coordinada, ayuda a recordar que la persona no es la suma de sus variables, aunque sus variables importen.

9. Criminología penitenciaria: ciencia aplicada frente al automatismo

El debate sobre la TVR no puede separarse de la posición todavía insuficientemente definida de la Criminología dentro del sistema penitenciario español. Resulta difícil sostener una ejecución penal basada en evidencia, individualización científica, evaluación del riesgo, análisis de necesidades criminógenas y reinserción si la disciplina que precisamente estudia esos procesos no cuenta con un estatuto profesional claro, estable y operativo en los espacios donde se adoptan decisiones relevantes.

La Criminología no debe presentarse como solución total ni como competencia sustitutiva de otras profesiones. El trabajo penitenciario exige Derecho, Psicología, Trabajo Social, Educación Social, Medicina, Psiquiatría, seguridad interior, coordinación administrativa y conocimiento institucional acumulado. Pero esa realidad interdisciplinar no justifica la ausencia de una figura criminológica reconocible cuando se valoran riesgo, reincidencia, desistimiento, factores protectores, itinerarios de reinserción, programas de intervención y efectos prácticos de instrumentos de apoyo a la decisión.

El propio Reglamento Penitenciario atribuye a la Junta de Tratamiento funciones vinculadas al estudio científico de la personalidad, la elaboración de programas individualizados, la progresión o regresión de grado y la concesión de permisos penitenciarios previo informe del Equipo Técnico (Real Decreto 190/1996, arts. 273 y 275). Ese marco muestra que la decisión penitenciaria no debería reducirse a una lectura mecánica de variables, sino a un proceso técnico, interdisciplinar y motivado.

Una escala de riesgo no se interpreta sola. Sus resultados deben ser comprendidos, contextualizados, discutidos y vinculados al caso concreto. Para ello se necesitan profesionales capaces de leer críticamente la herramienta, distinguir entre correlación y explicación, diferenciar factores estáticos y dinámicos, advertir sesgos indirectos, valorar el impacto de la exclusión social, examinar falsos positivos y traducir resultados en propuestas tratamentales útiles.

La regulación profesional de la Criminología adquiere aquí sentido garantista. No debe formularse como reivindicación corporativa, sino como exigencia de calidad institucional. Si el sistema penal utiliza categorías criminológicas, si invoca evaluación del riesgo, reincidencia, tratamiento, peligrosidad, desistimiento, reinserción y factores de protección, resulta razonable que existan criminólogos con funciones definidas, responsabilidad profesional y presencia efectiva en los ámbitos donde esas categorías se aplican.

Esta presencia podría cumplir varias funciones: contribuir a la evaluación técnica de instrumentos como la TVR, reforzar la calidad de los informes, distinguir vulnerabilidad social y riesgo criminológico, identificar factores protectores, colaborar en itinerarios realistas de reinserción y participar en auditorías periódicas de herramientas de valoración del riesgo.

No se trata de añadir una profesión más por simple acumulación. Se trata de reconocer que la ejecución penal necesita una ciencia aplicada capaz de trabajar precisamente donde se cruzan riesgo, derechos, tratamiento, seguridad, comunidad y reinserción.