Cuando El Futuro Entra En Prisión

Inteligencia artificial, brecha digital y nuevos retos para la investigación penitenciaria

Autor: Pedro Javier Escalante Barrigón

La literatura científica internacional ha identificado consecuencias asociadas a la exclusión digital durante el encarcelamiento y dificultades específicas en los procesos de reinserción y retorno a la comunidad tras la excarcelación. Paralelamente, el Consejo de Europa ha actualizado en 2026 sus estándares sobre educación penitenciaria para atender, entre otros cambios, a los desarrollos experimentados por la enseñanza y el aprendizaje digital, incorporando expresamente la alfabetización digital. En 2024 había aprobado ya una recomendación específica sobre el empleo de inteligencia artificial y tecnologías digitales en los servicios penitenciarios y en los encargados de la ejecución de sanciones y medidas penales en la comunidad. Estos desarrollos aconsejan analizar conjuntamente dos procesos que con frecuencia son estudiados por separado: la creciente digitalización de las instituciones penitenciarias y la preparación tecnológica de las personas privadas de libertad.

Se propone, con carácter exploratorio, la noción de asimetría digital penitenciaria para describir una posible divergencia entre la capacidad tecnológica que desarrolla la institución para gestionar información, apoyar decisiones y organizar su actividad y las oportunidades de la persona interna para adquirir competencias digitales útiles para su autonomía futura. El concepto no pretende anticipar un diagnóstico que todavía requiere investigación empírica. Precisamente por ello, esta reflexión propone avanzar desde la observación y el análisis doctrinal hacia una agenda prudente de investigación aplicada en la que puedan encontrarse progresivamente universidad, profesiones, Administración penitenciaria y organizaciones con experiencia directa en el medio.

Palabras clave

inteligencia artificial; sistema penitenciario; brecha digital; transformación digital; reinserción social; investigación criminológica; derechos fundamentales; alfabetización digital; seguridad; ultraperiferia penitenciaria.

La otra digitalización: la que realiza la institución

El análisis quedaría incompleto si observáramos solamente las restricciones tecnológicas que afectan a la persona interna. Al mismo tiempo, la Administración dispone de capacidades crecientes para digitalizar procedimientos, organizar información y utilizar herramientas que pueden apoyar determinadas actividades profesionales.

Muchos de estos usos pueden producir mejoras relevantes. La gestión documental, la accesibilidad, la traducción, la localización de información o determinadas tareas administrativas ofrecen ámbitos en los que la tecnología puede reducir cargas, disminuir errores o facilitar que los profesionales dispongan de más tiempo para funciones que exigen valoración e interacción personal. La eficiencia administrativa tiene importancia en instituciones sometidas a una elevada complejidad organizativa y documental, y sería poco razonable descartar por principio las posibilidades de mejora que proporciona la tecnología.

El análisis debe ser diferente, sin embargo, cuando una herramienta interviene en procedimientos relacionados con la valoración de la persona o puede influir sobre decisiones de especial relevancia.

El artículo 6.1 del Reglamento Penitenciario proporciona una referencia singularmente interesante. Desde 1996 dispone que ninguna decisión de la Administración penitenciaria que implique una apreciación del comportamiento humano de las personas internas puede fundamentarse exclusivamente en un tratamiento automatizado de datos o informaciones que ofrezca una definición de su perfil o personalidad (Real Decreto 190/1996, art. 6.1).

No conviene convertir esta disposición en algo que históricamente no fue. No constituye una regulación anticipada de la inteligencia artificial contemporánea ni permite calificar como inteligencia artificial cualquier instrumento estructurado utilizado en el ámbito penitenciario. Su importancia reside en otro aspecto: introduce una frontera entre el tratamiento automatizado de información y la responsabilidad por una valoración que afecta al comportamiento de una persona.

El Reglamento europeo de inteligencia artificial ha incorporado una cautela relacionada con esta cuestión. Su artículo 5.1.d prohíbe determinados sistemas de inteligencia artificial destinados a evaluar o predecir el riesgo de que una persona cometa una infracción penal cuando esa valoración se basa exclusivamente en su perfilado o en la apreciación de rasgos y características de personalidad. La propia norma precisa que esta prohibición no alcanza a los sistemas utilizados para apoyar una valoración humana de la implicación de una persona en una actividad delictiva cuando esta se encuentra ya sustentada en hechos objetivos y verificables directamente relacionados con dicha actividad (Reglamento [UE] 2024/1689, art. 5.1.d).

Esta precisión resulta especialmente importante en el ámbito criminológico y penitenciario. La norma no permite trasladar automáticamente la prohibición a cualquier herramienta de valoración del riesgo, ni justifica una equiparación indiscriminada entre instrumentos actuariales, sistemas de valoración estructurada, automatización convencional e inteligencia artificial. Antes de determinar el régimen jurídico de una herramienta es necesario conocer qué hace realmente, qué datos utiliza, qué resultados produce y qué intervención conserva el profesional.

El Consejo de Europa ha desarrollado un marco específicamente dirigido a los servicios penitenciarios y a los encargados de la ejecución de sanciones y medidas penales en la comunidad mediante la Recomendación CM/Rec(2024)5. El documento admite que la inteligencia artificial y otras tecnologías digitales pueden contribuir a la seguridad, la gestión del riesgo, la rehabilitación y la reinserción, pero vincula su utilización al respeto de los derechos humanos, la dignidad, la necesidad y la proporcionalidad. Señala además que las tecnologías deben asistir a los profesionales y no sustituir su trabajo e interacción con las personas, que las decisiones apoyadas en inteligencia artificial capaces de afectar a derechos deben quedar sometidas a revisión humana y mecanismos efectivos de reclamación y que las relaciones humanas han de permanecer en el centro de los procesos de rehabilitación (Consejo de Europa, Comité de Ministros, 2024).

La evolución normativa permite identificar, por tanto, dos dimensiones complementarias de una misma transformación. La tecnología que la institución utiliza para procesar información, apoyar valoraciones o intervenir en decisiones necesita garantías proporcionales a sus posibles efectos. Paralelamente, la tecnología capaz de contribuir a la autonomía y la preparación para la libertad plantea cuestiones relacionadas con acceso, educación y capacitación. Analizar exclusivamente una de estas dimensiones proporcionaría una imagen incompleta del proceso.

Una posible asimetría que todavía debemos medir

La concurrencia de ambos movimientos permite formular una hipótesis que puede resultar útil para ordenar futuras investigaciones. Propongo denominar asimetría digital penitenciaria a una eventual divergencia entre el desarrollo de la capacidad tecnológica de la institución para registrar, gestionar, relacionar o utilizar información sobre la persona y las oportunidades que esta encuentra para adquirir o mantener competencias digitales necesarias para su autonomía posterior.

La formulación requiere varias cautelas. No presupone que el sistema penitenciario español se encuentre sometido a una automatización generalizada. Tampoco parte de que cualquier informatización administrativa constituya inteligencia artificial ni de que todas las personas privadas de libertad experimenten la misma distancia tecnológica. La edad, el nivel educativo, la duración de la condena, la experiencia tecnológica previa, la situación socioeconómica, la modalidad de cumplimiento y los apoyos disponibles pueden introducir diferencias muy importantes.

La utilidad de la categoría consiste precisamente en evitar esas simplificaciones. Más que medir cuánta tecnología existe dentro de una institución, invita a examinar qué capacidades produce esa tecnología, para quién las produce y cómo quedan distribuidos sus beneficios, restricciones y riesgos.

Una Administración puede mejorar considerablemente su capacidad documental y analítica sin que ello deba valorarse negativamente. Es posible, incluso, que una digitalización adecuadamente diseñada reduzca burocracia, facilite el ejercicio de derechos, mejore accesibilidad o permita ofrecer mejores servicios. El problema surgiría si el crecimiento de esa capacidad institucional coexistiera con una distancia progresivamente mayor entre la persona privada de libertad y las competencias necesarias para su posterior desenvolvimiento social.

Hofinger y Pflegerl (2024) permiten comprender adecuadamente esta ambivalencia. Su investigación cualitativa, basada en entrevistas realizadas a personas internas en prisiones austríacas, identifica posibilidades relacionadas con autonomía, educación, acceso a información y mantenimiento de contactos, pero también riesgos de expansión de la vigilancia, desplazamiento de responsabilidades institucionales, pérdida de determinadas interacciones sociales y profundización de desigualdades digitales. Los autores advierten además de que una transformación selectiva puede permitir presentar una institución como tecnológicamente moderna sin mejorar de forma equivalente las condiciones estructurales de la mayoría de la población penitenciaria.

Estos resultados tampoco pueden trasladarse directamente al sistema español. Sí ofrecen una razón adicional para evaluar las tecnologías desde las necesidades y los efectos que producen, y no solamente desde su novedad, sofisticación o capacidad para modernizar determinados procedimientos.

Esta perspectiva permite asimismo matizar la idea de ultraperiferia penitenciaria que hemos utilizado en otras reflexiones. Su dimensión digital no tendría que corresponder necesariamente a una prisión tecnológicamente atrasada. Podría aparecer de una manera bastante más compleja si la capacidad digital de la institución aumentara significativamente mientras determinadas personas permanecieran alejadas de competencias cada vez más necesarias para actuar autónomamente cuando recuperen la libertad.

Por ahora se trata de una hipótesis conceptual. Su interés dependerá de que podamos convertirla en dimensiones observables, preguntas de investigación e indicadores susceptibles de contraste. Si permaneciera únicamente como una expresión eficaz para reforzar una crítica previamente asumida, tendría escaso valor científico.

Desde la experiencia hacia el método

La experiencia de intervención y acompañamiento dentro del medio penitenciario permite advertir situaciones que hacen razonable formular estas preguntas. Determinados trámites que en el exterior se han convertido en habituales requieren dentro mediaciones importantes; las condenas prolongadas pueden coincidir con transformaciones tecnológicas rápidas y algunas personas anticipan con incertidumbre la gestión de actividades que deberán realizar cuando recuperen la libertad.

Estas observaciones tienen valor para identificar un problema, pero no permiten determinar su prevalencia ni describir por sí solas el funcionamiento del conjunto del sistema. La proximidad a la realidad penitenciaria debería aumentar, y no reducir, la prudencia con la que convertimos una impresión en una afirmación general.

Esta distinción forma parte de la concepción de Desde la Trinchera que me interesa mantener. La experiencia situada permite formular determinadas preguntas con una sensibilidad que difícilmente se obtiene mediante un análisis exclusivamente normativo. Esa posición no proporciona, sin embargo, una superioridad epistemológica que permita sustituir datos por impresiones. Las respuestas necesitan método, contraste y evidencia.

En relación con la brecha digital, necesitamos conocer mejor qué competencias posee la población penitenciaria española, cómo se distribuyen según edad, formación previa, duración de condena y otras condiciones de vulnerabilidad, qué cambios se producen durante el internamiento y qué necesidades aparecen conforme se aproxima la excarcelación. Resultaría igualmente necesario examinar qué competencias resultan efectivamente útiles después, en qué ámbitos aparecen las dificultades más intensas y qué apoyos consiguen reducirlas.

El análisis debería incorporar también la perspectiva profesional. Criminología, psicología, trabajo social, educación social, Derecho y disciplinas tecnológicas observan dimensiones diferentes del mismo fenómeno. Conocer qué dificultades identifican quienes trabajan o intervienen en el medio, qué usos tecnológicos consideran útiles, qué riesgos perciben y qué carencias formativas detectan permitiría delimitar el problema con una precisión difícilmente alcanzable desde una sola disciplina.

El objetivo inicial no debería consistir en demostrar una tesis formulada de antemano, sino en construir instrumentos que permitan comprobar si existe una asimetría relevante, dónde aparece, qué intensidad presenta, a quién afecta de manera particular y qué consecuencias produce. Esta distinción resulta importante porque una investigación que solo buscase confirmar el diagnóstico del que parte sería metodológicamente mucho menos valiosa que otra capaz de modificarlo o descartarlo.

De una preocupación razonable a una agenda posible de investigación

El próximo curso académico ofrece un contexto adecuado para comenzar a explorar algunas de estas cuestiones. El trabajo desarrollado alrededor del Programa Tres Pilares y la colaboración que venimos manteniendo con la Clínica Criminológica de la Universidad de Extremadura han permitido avanzar en una metodología basada en lectura multidisciplinar, análisis de casos, supervisión, prudencia competencial, trazabilidad documental y necesidad de transformar la práctica aplicada en conocimiento susceptible de revisión.

Esa colaboración no permite dar por asumidas por la Universidad las propuestas que aquí se formulan ni anticipar decisiones que corresponden a sus órganos académicos. Sí proporciona un espacio idóneo para someterlas a discusión, revisar su consistencia y determinar si algunas pueden convertirse progresivamente en líneas de trabajo académicamente viables.

Una primera tarea podría consistir en elaborar un estado de la cuestión específicamente referido a digitalización, inteligencia artificial y reinserción penitenciaria. Antes de desarrollar instrumentos propios convendría determinar con precisión qué se ha investigado, qué dimensiones se han utilizado para evaluar brecha y competencias digitales, qué resultados ofrecen mayor consistencia, cuáles dependen especialmente de los contextos nacionales en los que fueron obtenidos y dónde permanecen lagunas relevantes.

Sobre esa base podría estudiarse posteriormente la construcción de un instrumento exploratorio sobre autonomía y vulnerabilidad digital. El trabajo metodológico previo tendría que determinar qué entendemos exactamente por competencia digital en el contexto penitenciario, cómo diferenciar habilidades instrumentales, autonomía, comprensión crítica y capacidad para utilizar la tecnología en actividades relevantes para la reinserción, y qué variables pueden medirse sin producir inferencias que los datos no permitan sostener.

Otra línea razonablemente accesible podría comenzar por los profesionales y agentes de intervención. Un estudio cualitativo permitiría conocer qué dificultades observan, qué competencias consideran prioritarias y cómo interpretan las oportunidades y riesgos de la transformación digital en sus respectivos ámbitos. Además de proporcionar información relevante por sí misma, esta aproximación podría ayudar a identificar cuestiones que posteriormente fueran contrastadas con las propias personas privadas de libertad, una vez construidas las garantías metodológicas, éticas e institucionales necesarias.

En una fase posterior podría plantearse el diseño, sin confundirlo todavía con la implantación, de propuestas de alfabetización digital y algorítmica orientadas a la preparación para la libertad. Su contenido, destinatarios, restricciones técnicas, condiciones de seguridad y procedimiento de evaluación deberían definirse antes de presentar cualquier intervención como respuesta adecuada al problema.

La propia utilización de inteligencia artificial en espacios académicos vinculados a documentación o casos penitenciarios merece, además, una reflexión específica. La sensibilidad de la información exige criterios claros sobre anonimización, protección de datos, utilización de sistemas generativos, verificación de resultados, trazabilidad y responsabilidad. Resultaría difícil sostener con coherencia una investigación sobre gobernanza responsable de la inteligencia artificial si quienes la desarrollamos no sometiéramos también nuestras prácticas a exigencias comparables.

Nada de ello exige abordar simultáneamente todas estas posibilidades. Su valor dependerá más bien de que exista una secuencia metodológica capaz de avanzar desde la revisión del conocimiento disponible hacia la delimitación conceptual, la formulación de preguntas, el diseño de instrumentos y, únicamente cuando existan condiciones suficientes, la evaluación de intervenciones.

A modo de cierre

La velocidad con la que se está produciendo la transformación tecnológica obliga a prestar atención a instituciones cuyos ritmos de adaptación responden necesariamente a otras exigencias. La prisión constituye uno de los espacios donde esta diferencia merece especial cuidado, porque el tiempo de internamiento puede coincidir con periodos durante los cuales cambian significativamente algunas de las competencias necesarias para desenvolverse fuera.

El problema no puede resolverse mediante una demanda genérica de mayor acceso tecnológico, pero tampoco parece suficiente responder a esa transformación desde la restricción considerada en abstracto. La evolución normativa comienza a ofrecer un marco más matizado: determinados usos de inteligencia artificial requieren garantías reforzadas precisamente por su capacidad para intervenir sobre derechos y decisiones, mientras la educación penitenciaria debe atender también a competencias digitales que se están convirtiendo en parte de la participación social ordinaria.

En nuestro contexto necesitamos todavía evidencia específica para conocer la magnitud de esta cuestión. Reconocer esa carencia no resta relevancia al problema, sino que permite determinar con mayor precisión el trabajo pendiente. Existe aquí un campo razonable para la investigación criminológica aplicada y para una cooperación interdisciplinar que avance de manera proporcionada a la calidad de las preguntas y los métodos disponibles.

La experiencia penitenciaria puede contribuir a identificar esas preguntas; la universidad puede ayudar a convertirlas en diseños metodológicamente defendibles; las diferentes profesiones pueden someterlas a contraste desde conocimientos complementarios, y las instituciones responsables deberán participar cuando la investigación alcance ámbitos sometidos a su competencia. Esta articulación puede permitir, además, que determinadas propuestas de intervención nazcan acompañadas de mecanismos de evaluación y no únicamente de la convicción razonable de que deberían funcionar.

En un momento en el que la inteligencia artificial y la digitalización avanzan con una rapidez poco habitual, reducir la distancia entre el cambio tecnológico exterior y la preparación para la libertad probablemente requerirá bastante más que incorporar nuevos dispositivos. Será necesario conocer qué necesidades existen realmente, evaluar las soluciones disponibles, preservar las garantías que corresponden a la singularidad del medio penitenciario y comprobar empíricamente si aquello que presentamos como innovación contribuye efectivamente a los fines que pretendemos alcanzar.

Desde esa perspectiva, el próximo curso puede ofrecer una oportunidad para comenzar de forma prudente, metodológicamente ordenada y suficientemente abierta a la participación de quienes puedan aportar conocimiento. Antes de aspirar a respuestas definitivas, parece más razonable construir preguntas suficientemente buenas como para que merezca la pena investigarlas juntos.