Hay detalles que explican un modelo entero. A veces no hace falta empezar por una ley, una instrucción o una estadística. Basta una cuesta, una carretera mal comunicada o una escalera interminable para entender cómo seguimos tratando a quienes están en prisión. El problema no es solo que estén privados de libertad. El problema es que, además, los colocamos lejos, fuera de la vista y, con demasiada frecuencia, fuera de la empatía.

Una escalera que dice más de lo que parece

Días antes de escribir esta reflexión estuve en el Centro Penitenciario de El Dueso, en Cantabria. El primer día subí andando desde el portón principal de acceso hasta el núcleo de edificios del centro. La subida era dura. La escalera, empinada. Los conté: 97 escalones.

El lugar tiene unas vistas magníficas. El entorno es privilegiado. El mar está ahí, imponiendo belleza. Pero conviene no dejarse engañar por la postal. Una prisión sigue siendo una prisión, aunque tenga buenas vistas y una jaula, aunque sea de oro, sigue limitando la libertad.

El paisaje no corrige la naturaleza del encierro. La estética no humaniza por sí sola el castigo. Y el hecho material permanece intacto: allí hay personas privadas de libertad, apartadas del resto, sometidas a una vida reglada y limitadas en lo más básico.

Esos 97 escalones acabaron diciéndome bastante más de lo que aparentaban. No eran solo una dificultad física de acceso. Eran una imagen bastante precisa de algo que conocemos bien y que demasiadas veces normalizamos: la costumbre de colocar la prisión lejos, de llevar al penado a un espacio separado, periférico, alejado de la vida común. No basta con imponer una pena. Además, la envolvemos en distancia.

Y esa distancia no es inocente.

Mateo, la etiqueta y el desprecio social

La fiesta de San Mateo, que celebramos precisamente el 21 de septiembre, ayuda a nombrar bien el problema. Mateo era publicano, recaudador de impuestos. No era un hombre neutral a ojos de su tiempo. Estaba marcado socialmente. Era alguien situado en el lugar del descrédito, de la sospecha y del rechazo. Es decir, un hombre etiquetado antes de ser escuchado.

En esto no hay tanta distancia con respecto a lo que ocurre hoy con muchas personas presas. También ellas quedan reducidas con frecuencia a una categoría cerrada, a una definición sumaria, a una identidad congelada en su peor acto o en la etiqueta penal que cargan. Se las juzga una vez por sentencia y muchas más por reflejo social. A partir de ahí se activa un mecanismo conocido: separación, simplificación, distancia moral y, después, olvido.

Eso es lo que conviene denunciar con claridad. No solo castigamos. También segregamos. No solo encerramos. También apartamos. No solo exigimos responsabilidad. Muchas veces añadimos una capa extra de exclusión social, afectiva y simbólica que no figura formalmente en la condena, pero opera de hecho como un castigo añadido.

La geografía también castiga

Los centros penitenciarios suelen estar a kilómetros de ciudades y pueblos, mal conectados o directamente apartados de la circulación ordinaria de la vida. A veces la justificación será técnica, urbanística o de seguridad. Pero el resultado social es el que es. La prisión queda lejos. Y con ella quedan lejos las familias, los apoyos, las visitas, las oportunidades reales de sostener vínculos y, por tanto, una parte decisiva de cualquier proceso serio de reintegración.

No hablamos de una incomodidad menor. Hablamos de una estructura de alejamiento. Hay familias para las que visitar a un interno supone horas de desplazamiento, dinero que no sobra, combinaciones de transporte inviables o directamente imposibles. Hay amistades que se enfrían no por falta de afecto, sino por pura dificultad material. Hay vínculos que se desgastan porque el sistema no los facilita, sino que los somete a una prueba constante.

Pero conviene ir un paso más allá. La distancia no castiga solo por lo que obliga a recorrer. Castiga también por lo que desgasta, por lo que enfría, por lo que humilla y por lo que termina quebrando. La prisión no se lleva únicamente al familiar preso a un espacio lejano. Arrastra también a su entorno más cercano a una rutina de espera, gasto, incertidumbre y desgaste emocional que rara vez se reconoce con la seriedad que merece.

Las familias cargan con trayectos interminables, permisos laborales difíciles, gastos de combustible, billetes, comidas fuera de casa, noches de alojamiento cuando no queda otra salida y jornadas enteras consumidas para poder sostener un contacto que, aun así, casi nunca se produce en condiciones verdaderamente humanas. Llegar ya cuesta. Mantener la regularidad, mucho más. Y cuando el presupuesto es ajustado, cuando hay menores a cargo, cuando la salud no acompaña o cuando se depende del transporte público, la llamada comunicación familiar deja de ser una posibilidad razonable para convertirse en una carrera de obstáculos.

A ello se suma la propia arquitectura del contacto penitenciario. No pocas familias recorren media provincia, o media comunidad autónoma, para acabar hablando a través de un cristal, con tiempos tasados, vigilancia permanente y una sensación de artificialidad que desfigura por completo la naturalidad del encuentro. Se va a ver a un hijo, a una pareja, a un padre o a una madre, pero el sistema impone un marco que recuerda de forma constante que esa relación está intervenida, condicionada y reducida a un formato de mínimos.

Y luego están los vis a vis, familiares o íntimos, tantas veces presentados casi como concesión suficiente, cuando con frecuencia se desarrollan en condiciones que sitúan la dignidad al límite. No hace falta exagerar para decirlo. Basta con haber estado cerca, con haber escuchado, con haber visto cómo muchas familias viven esos momentos, no como un espacio sereno de encuentro, sino como una experiencia comprimida, reglada, precaria y emocionalmente agotadora. El sistema parece permitir el vínculo, sí, pero lo hace muchas veces en términos tan rígidos y tan pobres que ese permiso acaba pareciendo más una tolerancia administrada que un verdadero reconocimiento del valor humano y resocializador del lazo familiar.

Las llamadas tampoco corrigen de verdad ese problema. Sirven, desde luego. Ayudan. Sostienen hilos que de otro modo podrían romperse antes. Pero nadie debería engañarse: una llamada breve, condicionada por horarios, costes y limitaciones, no sustituye la presencia, no repara la ausencia ni compensa la distancia. Apenas contiene, como puede, una parte del deterioro. Y algo parecido sucede con los permisos o las salidas terapéuticas. Sobre el papel representan una apertura, una salida, una respiración del encierro. En la práctica, para muchas familias llegan rodeados de tensión, de incertidumbre, de exigencias logísticas y de una fragilidad tal que lo que debería servir para recomponer parcialmente la vida familiar termina, en ocasiones, convirtiéndose en otro episodio de ansiedad contenida.

Aquí aparece una verdad incómoda que no conviene dulcificar: en demasiadas ocasiones, la pena desborda a la persona condenada y se derrama sobre su familia. No de manera formal, no en el sentido estricto de la sentencia, pero sí en la práctica cotidiana. También la madre que viaja durante horas. También la pareja que sostiene sola la casa, la economía y la espera. También los hijos que aprenden demasiado pronto que ver a su padre o a su madre exige controles, cristales, tiempos cronometrados y despedidas prematuras. También ellos quedan atrapados, aunque sea de otro modo, en la órbita del castigo.

Y luego nos llenamos la boca con la reinserción.

La familia también entra en la ecuación

Si de verdad se creyera en serio en la reinserción, la familia no sería tratada como una cuestión periférica, secundaria o meramente asistencial. Sería entendida como uno de los núcleos reales del problema. Porque la reintegración no se construye solo con programas, informes o clasificaciones. También se sostiene, o se frustra, en la posibilidad de conservar vínculos significativos, de preservar un mínimo de normalidad afectiva y de evitar que la prisión termine erosionando precisamente aquellos lazos que más pueden contribuir a un retorno viable a la vida en libertad.

Por eso resulta tan contradictorio que el sistema invoque la reinserción mientras mantiene, tolera o normaliza dinámicas que castigan indirectamente a quienes siguen estando ahí.

La familia no debería comparecer ante el sistema penitenciario como una presencia incómoda que hay que gestionar, filtrar o contener, sino como una realidad humana de primer orden.

Cuando se dificulta el contacto, cuando se empobrece el encuentro o cuando se convierte la relación familiar en un itinerario de desgaste, no solo se resiente la dignidad de quienes visitan. Se deteriora también, de manera muy concreta, la propia posibilidad de reinserción que luego se invoca en el discurso oficial.

Reinserción: discurso solemne, práctica contradictoria

Aquí es donde la reflexión deja de ser solo espiritual o moral para volverse también institucional, jurídica y política. Si de verdad creemos en la reeducación y reinserción social que establece el artículo 25.2 de la Constitución Española, entonces no podemos seguir actuando como si la lejanía, el aislamiento territorial y la ruptura de vínculos fuesen asuntos secundarios. No lo son. Son parte central del problema.

Porque la reinserción no se produce en el vacío. No nace de un discurso bienintencionado. No aparece por generación espontánea entre muros, controles y rutinas regimentales. Requiere vínculo, acompañamiento, presencia, sostenimiento, expectativa razonable de retorno y una mínima coherencia institucional. Si todo el diseño práctico del sistema empuja en sentido contrario, el mandato constitucional corre el riesgo de degradarse hasta convertirse en una fórmula decorativa.

Por eso aquellos 97 escalones no son para mí una simple anécdota de viaje. Son una metáfora bastante exacta de un modelo que sigue funcionando sobre la lógica de la separación. Separamos a la persona de la sociedad. Separamos la pena de cualquier horizonte realista de reincorporación. Separamos el discurso jurídico de la práctica cotidiana. Y luego nos sorprendemos de que los resultados sean insuficientes, frágiles o directamente decepcionantes.

No es una cuestión de ingenuidad. Nadie sensato sostiene que la prisión deba ignorar la responsabilidad por el delito, el daño causado o la necesidad de seguridad. No se trata de sentimentalismo. Se trata de algo más serio: distinguir entre pena legítima y exclusión sobrante. Entre cumplimiento de condena y acumulación de obstáculos que hacen más difícil, no más fácil, la vuelta a una vida ajustada a derecho.

Lo que sigue incomodando del evangelio

También por eso la figura de Mateo sigue siendo incómoda. Porque obliga a recordar que una comunidad puede equivocarse gravemente cuando decide reducir a alguien al lugar social de su desprecio. Mateo era, para muchos, alguien ya clasificado. Jesús rompió esa clasificación. No negó la realidad. No maquilló lo que había. Pero tampoco aceptó que la etiqueta agotara a la persona.

Y esa sigue siendo una lección incómoda. También en prisión.

Cada vez que entramos en un centro penitenciario, cada vez que recorremos kilómetros, subimos escalones, agotamos bonos de autobús, gastamos combustible o encajamos la dureza física de ciertos trayectos, estamos haciendo algo más que desplazarnos. Estamos negándonos a aceptar que la prisión deba equivaler a borrado social. Estamos desmintiendo, aunque sea modestamente, la comodidad de una sociedad que prefiere tener a los condenados lejos y callados.

La comodidad social de no ver

Pienso en El Dueso. Pienso también en otros trayectos conocidos. Pienso en los cerca de treinta kilómetros que separan Topas de Salamanca. Pienso en los algo más de seis kilómetros y medio que separan el centro penitenciario de Cáceres del centro geográfico de la ciudad. Son distancias distintas, pero todas plantean la misma pregunta: cuánto de lo que llamamos sistema de cumplimiento responde realmente a criterios de reintegración y cuánto sigue respondiendo, en el fondo, a una cultura del apartamiento.

Porque esa cultura existe. Y conviene decirlo sin eufemismos. Existe una comodidad social en no ver. Existe una tranquilidad aparente en saber que la prisión está fuera del trayecto ordinario, fuera del paisaje diario, fuera de la conversación habitual. Como si lo alejado doliera menos. Como si lo invisible exigiera menos responsabilidad. Como si poner distancia resolviera algo.

No lo resuelve. Solamente lo desplaza.

Y a veces ni siquiera eso. Porque lo que se aparta del mapa urbano suele terminar apartándose también del mapa moral. Deja de interpelar. Deja de contar. Deja de movilizar preguntas serias sobre para qué castigamos, cómo castigamos y con qué límites. Y ese es uno de los grandes fracasos del discurso penitenciario contemporáneo: aceptar como normal una distancia que erosiona exactamente aquello que luego se proclama como finalidad del sistema.

Cada escalón cuenta

Por eso cada escalón cuenta. No en clave épica, sino en clave de conciencia.

Cada escalón recuerda que todavía hay demasiada separación asumida como lógica. Cada kilómetro recuerda que acompañar a una persona presa exige vencer barreras que no deberían estar tan naturalizadas. Cada visita recuerda que el interno no ha dejado de ser persona, ni ciudadano, ni destinatario de derechos, ni alguien respecto de quien la sociedad pueda lavarse las manos.

Los “Mateos” de hoy no son una categoría piadosa. Son personas concretas. Presos. Excluidos. Estigmatizados. Biografías heridas. Sujetos a quienes a veces se les exige cambiar mientras se les niegan, o se les dificultan, muchas de las condiciones mínimas para sostener ese cambio. Y eso también debe decirse. No basta con pedir responsabilidad individual si el entorno institucional y social sigue multiplicando obstáculos y reduciendo apoyos.

De ahí que esos 97 escalones merezcan ser leídos como algo más que una cifra.

Son una advertencia.

Nos recuerdan que la prisión no empieza solo en el muro ni termina en la celda. Empieza mucho antes, en la forma en que organizamos la distancia, y continúa después, en la manera en que prolongamos el estigma.

Si de verdad queremos hablar con seriedad de reinserción, habrá que revisar no solo programas y discursos, sino también inercias, ubicaciones, accesos, vínculos y mentalidades. Habrá que preguntarse si estamos construyendo condiciones de retorno o simplemente administrando exclusión con lenguaje técnicamente correcto. Habrá que decidir si el sistema penitenciario quiere ser una estructura orientada a la reintegración o una maquinaria que, además de castigar, siga dejando claro quién queda fuera.

Los 97 escalones de El Dueso no son solo una escalera. Son una pregunta incómoda. Y conviene no esquivarla.